REPORTAJE DECRETO 175

El aborto: un detonador político y social en Baja California

El astilloso tema del aborto u interrupción del embarazo, ha sido objeto de múltiples lecturas y distintas opiniones: científicas, religiosas, políticas, igualdad de género, jurídicas, sociales y de salud. La controversia del tema y las decisiones en las políticas públicas al respecto, han ocasionado que se de una “lona” de debate entre organizaciones no gubernamentales, grupos organizados de la sociedad civil, gobierno y partidos políticos; un encuentro que ha sido mas “joven” por así decirlo, en Baja California, al contrario de otros lugares como bien es el Distrito Federal.

Desde 1999, Baja California se encuentra en la mira de organismos internacionales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Organización de las Naciones Unidas, por mencionar algunos, a raíz del conocido caso Paulina, en el cuál una niña de 13 años de edad de origen indígena que sufrió una violación, fue obstruida de distintas maneras a ejercer su derecho legal a interrumpir su embarazo, esto a raíz de la ideología política que sostenían las autoridades Estatales en ese tiempo, y que continúa predominando en el actual Gobierno así como en la fuerza política de la que proviene.

Una turbulencia social y mediática, se ha venido avecinando desde octubre del 2008, momento en el que la Cámara de diputados del Congreso Local propuso a través de un dictámen, una modificación al artículo séptimo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que fue aprobado en diciembre del 2008 con 25 votos a favor y uno en contra, proveniente de la diputada Ana María Fuentes.

Pero, ¿Qué es lo escandaloso de esta reforma? Esta modificación atiende básicamente a que se reconoce a una persona con todos sus efectos legales desde el momento en que es concebida, es decir, desde el momento en que un óvulo es fecundado, derogando así las causales que antes estaban permitidas para que una mujer interrumpiera su embarazo en caso de que hubiera sido violada, tuviera un feto con malformación o bien estuviera en riesgo su vida de seguir con ese embarazo.

Al respecto, mujeres abogadas, académicas, psicólogas y de diversas profesiones, pertenecientes a distintas organizaciones, dicen que esta reforma es de carácter “retrógrada” y aseguran que se contrapone a las causales anteriormente contempladas, por el contrario, Gloria Loza Galván, legisladora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, dice que las causales contempladas en el Código Penal, siguen vigentes.

Esta situación, ha provocado un estado de alerta en diversas organizaciones feministas como GIRE, DiVERSA, entre otras, además de ocasionar una reacción en la Procuraduría de Derechos Humanos en Ensenada, ya que el actual titular de la PDH en este Estado, Francisco Javier Sánchez Corona, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para derogar dicha ley.

El Ombudsman de Baja California, argumenta que con esta modificación se viola un catálogo de derechos estipulados en la SCJN, así como garantías individuales previstas en la Constitución Federal, y algunos tratados internacionales que ha firmado México anteriormente.

Algunos de los derechos que esta modificación al artículo séptimo estaría violando según la Suprema Corte de Justicia de la Nación son: Libertad de consciencia, libertad sexual y reproductiva, derecho al libre desarrollo personal, derecho a los avances científicos y tecnológicos, derecho a la no discriminación, derecho a la autodeterminación, derecho a la libre planificación familiar, entre otros.

Esta acción legal interpuesta por el Obdusman ante la SCJN, se espera tenga resolución en un periodo que puede prolongarse hasta un año y medio, mientras tanto, seguirán en el tablero del juego distintos actores sociales, dándose así un interesante encuentro sobre todo entre mujeres y gobierno.